LO QUE LA UDNG INTENTARÁ EXPLICAR MAÑANA A GREENPEACE
Fernando Santamaría Lozano, representante legal da UDNG , 03.12.2008, (Id: 17779)
Después de una larga conversación con mi tocayo, Fins Eirexas Santamaría, que quedamos en continuar mañana, llamé a Greenpeace, pero el único móvil a las nueve, de la sección de prensa, iba en coche (o me dió largas) y también también quedé en llamar mañana
El Plan de Acuicultura de Galiza autoriza la instalación de 24 piscifactorías en parajes emblemáticos y completamente vírgenes de la costa de Galiza. El Plan llama a cada uno un "Proyecto Sectorial". El Plan Sectorial de Acuicultura contiene, pues, 24 "Proyectos Sectoriales".
Las granjas marinas son un negocio millonario. Hay estimaciones de que una un poco grande puede obtener unos beneficios de sobre 4000 millones de pesetas (para una planta de 60.000 m2), aunque la CIG evalúa la ganancia de la Stolt Sea Farm S.A., con seis plantas en la Costa de la Muerte, en 10 millones de Euros, si bien dice carecer de datos muy fidedignos.
Todos los Proyectos (las 24 piscifactorías aprobadas en el Plan Acuícola de la Junta de Galiza) han sido dotados por el Consejo de la Junta (el Pleno de los Conselleiros, que se reúne los jueves) de "incidencia supramunicipal". Esta "incidencia supramunicipal", una figura contra la que vosotros alegasteis en el caso de uno de ellos, el de la ampliación de la piscifactoría de la Stolt en Quilmas, el domicilio social de la UDNG, como consta en los estatutos del ministro Rubalcaba, se concede habitualmente solo a obras públicas, infraestructuras, etc., y establece que los proyectos comportan un bienestar social de tal envergadura que las tierras en que se instalen deben ser expropiadas.
En España la expropiación se rige por una ley de 1954, hecha en tiempos de Francisco Franco que, quizás, no estaría mal del todo, si Touriño la cumpliese. Habla de un proceso de expropiación en dos fases, con baremaciones ajustadas a los precios de mercado. Como no contempla la existencia de administraciones autonómicas, habla de que los que expropian son los ministerios, y el mediador con los expropiados los gobernadores civiles. (Por lo que se ve el Bloque no piensa cambiarla, y a Eirexas, le da más o menos por el culo (Perdón, amado tocayo). Como hay 24 piscifactorías, 24 "Proyectos Sectoriales", en un Plan aprobado el 28 de Agosto del 2008, ahora aguardan 24 "haces" de expropiaciones.
La primera es la de la piscifactoría de "Cabo Cee", que la Junta del Presidente Socialista llama así para despistar, para que se la asocie con una villa odiada, pero en realidad está en una aldea del Concello de Corcubión llamada Oliveira, un sitio absolutamente increíble, donde los paisanos viven del campo y la cría de ganado.
El alcalde de la villa de Corcubión, el socialista Francisco Javier Lema, que sustituye al ínclito nacionalista Mouzo, enfermo de cancer de próstata con sólo 61 años, con el que hablé esta mañana y que se iba a tratar a la Clínica Quirón en Barcelona, me dió su móvil, le llamé por la tarde y quedé en seguir hablando cuando vuelva, el sábado, ha iniciado, por encargo de la Consellería de Pesca, el expediente de expropiación (75000 m2) de los terrenos en que se instalará la piscifactoría (seguramente de la Stolt, o de la Stolt con otro nombre, una práctica común) de Oliveira, pero la Junta de Galicia, espantada por la reacción de los movimientos vecinales, niega que haya un proceso de expropiación en marcha. En declaraciones a la Radio (donde el director de la cadena local, Radio Nordés, Pepe Hermoso, prohibió que se emitiera una entrevista que se me hizo), y en la Voz de Galicia Lema insiste en que la Junta está "comprando" los terrenos, http://www.lavozdegalicia.com/carballo/2008/11/21/0003_7331853.htm. No ha habido publicación en el Diario Oficial de Galicia, ni se ha hecho un guión para explicar a los expropiados los trámites a los que les da derecho la Ley. Jesús (el nombre es falso) de la asociación de vecinos de Oliveira me ha dicho que la venta quedará registrada ante Notario, no ante el alcalde, como dicta la Ley y se les niega el derecho a que, terminada la concesión, en un plazo de treinta años, la tierra vuelva a sus dueños, o a sus herederos. Nos volverán locos, dirán que la Ley ha cambiado y en Oliveira habrá siempre una granja acuícola, supongo. Es la lectura de los nazis de Touriño y Zapatero de Ley de la Memoria Histórica, (contra la que, creo, hacen tímidos esfuerzos algúnos otros, creo.)
Ignoro los precios reales que se pagan. En el Periódico el alcalde habla de 5/6 euros el metro cuadrado, a veces llega hasta a 10. En Compostela el metro de suelo urbano puede valer 500.000 pts, (no esas 1600). Pero la Junta quiere expropiar , es lo que dice el Plan Acuícola, aprobado por su Consejo de Ministros, 3.000.000 de metros cuadrados; si se pagaran a 100 Euros, lo que tendría que pagar por las expropiaciones serían 50.000 millones de pesetas (ciencuenta mil millones de pesetas: 3.000.000 x 100 = 300.000.000 "trescientos millones de euros"; 300.000.000 x 166= más o menos cincuenta mil millones (de pesetas)). No compensarían las comisiones, supongo.
Hay un artículo del Código Penal Español, el 541, que castiga la expropiación "ilegal". Textualmente dice:
"La autoridad o funcionario público que expropie a una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales, incurrirá en penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a cuatro años y multa de 6 a 12 meses."
Como representante legal de un partido independentista de momento legal, he presesentado denuncia por estos hechos en los Juzgados del Concello de Corcubión (en Oliveira no hay), basándome en que no se cumplen los procedimientos y una piscifactoría tan pequeña, que generará 15/20 puestos de trabajo, tendrá poca "incidencia supramunicipal", no vendrá mucha gente a trabajar de fuera. Pero la denuncia es en el Sistema Procesal Español una forma sin ninguna eficacia de señalar un delito (espero que quede claro en la commemoración del 6-D/28-E). La presenta un particular y no la sigue obligatoriamente ningún proceso averiguatorio. Para que se indague obligatoriamente hay que presentar una querella. Los perjudicados directamente por el delito pueden hacerlo, al parecer, no lo sé del todo, es lo que vi en la Wikipedia, gratuitamente, pero los de Oliveira no quieren, aunque barajan la posibilidad de vender a alguien por el mismo precio que les dan a ellos las tierras y que se encarguen del proceso ellos. A los no perjudicados, a un tercero, se le exige una fianza proporcional a la cuantía de los bienes en juego que fijará el juez.
Esta vía penal, la de la querella, con la inhabilitación por uno o cuatro años, del Alcalde y la Conselleira de Pesca a poco de las elecciones (3 meses), sería un duro golpe para el gobierno fascista y sus proyectos de industrialización anarco-capitalista.
También sería interesante promover un contencioso-administrativo contra el proceso expropiatorio, pero habría que hacer un seguimiento exhaustivo: para empezar ya niegan que se expropie... La Junta dice que "compra" y, de no llegar a un acuerdo, "expropiará", lo que será peor... No hay notificaciones ni actos administrativos formales, etc...
El domingo por la mañana inspeccioné la zona y un viejo con un perro (pero es de dominio público, parece) me dijo que el alcalde ya había vendido terrenos del Ayuntamiento ("del Concello", dicen, públicos o sin dueño, no "suyos", por lo tanto, sin escrituras a su nombre,) a una empresa, probablemente la Stolt Sea Farm S.A. ("Granjas Marinas de Rodaballo, Sociedad Anónima") que ya, dije, cambia constantemente de nombre y aquí en la Costa de la Muerte, dirige el siniestro Pablo Rodríguez, que firmó con el popular Oreiro un acuerdo para patrocinar un equipo infantil de fútbol. En la misma notaría, la de Denis, supongo, en la Avenida de la Constitución nº1, no pude levantar acta de constitución de la UDNG, por que uno de los promotores presentó un carnet de conducir que estaba roto.
Habría que ir al catastro y consultar los planos de los terrenos, o ver que tal se bajan por internet.
Fins decía que ADEGA quiere recurrir con firmeza los "segundos proyectos sectoriales", que concretarán las características de cada instalación, pero no ve la necesidad de actuar en la fase en que la Consejería se hace con las tierras. También ve "normal", como un caso de corrupción, pero nada de otro mundo, hasta le hace gracia, que Isidro de la Cal haya comprado algunas tierras para una de sus piscifactorías (un proyecto "supramunicipal", para el que primero hay expropiar unas tierras que después la Consejería dice que "concede" (por un tiempo limitado (30 años) al mejor proyecto. ¿A quién compró Isidro de la Cal? ¿Al alcalde o a un testaferro, un hombre de paja? Y, si a un testaferro... ¿De quién, del alcalde o de Touriño, (que ya fue procesado y absuelto por acusaciones de Roldán, como dicen sus biografías en la red?)
Aceptaría Greenpeace una "joint venture" con ADEGA y UDNG para montar un cirio antes de las elecciones?
Caixa dos correios:: f_santamaria@telefonica.net
Comentar artigo >>
(i)Addendum
Fernando Santamaría Lozano, representante leg, 03.12.2008 (Id: 12577)
¿Podría pagar alguien (ADEGA, GREENPEACE, DE JUANA)la fianza, para que en Corcubión los jueces investigasen el procedimiento? ¿Merecería la pena probar si los jueces fascistas fallaban basándose en la "y" del 541...?
(ii) Mimá.
anonadado, 03.12.2008 (Id: 12578)
Tí estás fatal! estiven mirando os teus blogs e lendo os teus artigos e... uf! vaiseche a pinza sete pueblos, que digo sete, 20 pueblos, eu non é por excluir, pero... millor que só publiques nos teus blogs, este debería ser un espazo minimamente serio. Espero non ofender, pero fai algo con xeitoho.
Ala que vaia ben!
No hay comentarios:
Publicar un comentario